Al llegar a una comisaría se escucha el mismo rosario de quejas por parte de los familiares de los reos. Cuentan del hacinamiento porque en una celda para 10 detenidos hay más de 20. Se quejan porque los defensores oficiales y privados nunca atienden sus reclamos. Refieren cómo es vivir en un lugar en el que no ingresa la luz natural y en el que sólo se respira aire viciado por líquidos cloacales. Y ahora quedó al descubierto un nuevo eslabón a esta cadena de miserias que está atada a la crisis carcelaria: la falta de comida. No reciben la alimentación que por mandato constitucional les corresponde, pese a que el Estado paga para que puedan comer.

Días atrás, en un informe publicado por LA GACETA, se daba cuenta de que en las comisarías de nuestra provincia estaban alojadas más de 1.600 personas, cuando la capacidad de los calabozos es de casi 500 lugares. “(El gobernador interino, Osvaldo) Jaldo dijo que prefería que los presos estén incómodos para que los tucumanos estén tranquilos. Con todo respeto, le cuento que los de la cárcel están haciendo negocios con los presos, especialmente con la comida. Es una vergüenza”, dijo María Marta Rivadeneira, madre de un detenido.

“Una protesta por no recibir alimentos generó una tragedia”

Los familiares de los detenidos por contravenciones y que se encuentran procesados reciben la comida que les llevan sus familiares. Mientras que la alimentación de los penados corre por cuenta del Servicio Penitenciario. Las normas establecen que deben recibir el desayuno, el almuerzo, la merienda, un refuerzo (una fruta) y la cena por día. “Esas son mentiras. Sólo reciben, dos o tres veces a la semana, un ‘apretado’ (sandwich) con una feta del fiambre más barato y dos tortillas cuando llegan. También a veces les mandan una bolsita con azúcar y yerba”, contó Brisa Jiménez, pareja de un condenado por robo. “No lo comen porque el estado de esos sándwiches es lamentable. Hasta lo hacen con salchichón primavera rancio que compran a dos pesos”, indicó Susana Heredia.

La versión fue confirmada por los responsables de las comisarías de distintos puntos de la provincia. “Esas viandas no llegan todos los días y por su estado no las quieren comer”, explicó una alta fuente de la Fuerza.

Esas raciones, según explicaron, cuando están en buen estado, son entregadas por los uniformados a las personas que viven en situación de calle, llevadas a comedores barriales o entregadas a los “limpiavidrios” de los semáforos. Cuando no son aptas para consumo, se las entregan a criadores de cerdos de la zona para que alimenten a los animales.

Crisis carcelaria: familiares denuncian irregularidades en el trato de detenidos

Los jueces de Ejecución Alicia Merched (Concepción y Monteros) y Gonzalo Ortega (Capital) también confirmaron la información. “Tuve un caso de una detenida que me insistía para que se la traslade a la cárcel de mujeres porque no podía alimentarse, ya que no le llegaba la comida del penal y sus familiares no podían llevarle alimentos porque vivían en Monteros”, informó la magistrada.

Su par agregó: “no hay un procesado que no pida que se lo aloje en la dependencia policial cercana al domicilio de sus parientes para que les lleven comida”.

“En el sur le exigimos al Servicio Penitenciario que les envíen a los penados la misma comida que reciben los internos de la cárcel. Siempre estamos controlando para que cumplan con la orden que dimos”, sentenció Merched.

“Esto no es nuevo, es desde la pandemia. Pero sí me gustaría aclarar que los problemas de alimentación no sólo los padecen los condenados alojados en las comisarías, sino también en el penal de Villa Urquiza”, explicó el abogado José Del Río.

“Los internos de la cárcel reciben mercadería de sus familiares y se cocinan ellos mismos porque consideran que las raciones son malas. Cada tanto los profesionales debemos presentar hábeas corpus para que los reos que padecen enfermedades crónicas reciban la alimentación pedida por los médicos del penal. Ahora, la gran pregunta es: ¿qué se hace con el dinero que aporta el Estado para la comida?”, advirtió.

Por qué la crisis carcelaria no sólo afecta a los presos

Según los números a los que tuvo acceso LA GACETA, de los 1.600 detenidos en las comisarías hay unos 469 condenados (que por ley tendrían que estar alojados en algunos de los penales) que no reciben todos los días las raciones de comida por parte del Servicio Penitenciario.

Administrativamente es imposible que las autoridades del penal no sepan de su existencia, ya que en un máximo de tres horas de haber sido penados, a través de un mail o WhatsApp, los funcionarios de la Oficina de Gestión de Audiencia envían un oficio informando que la persona ha ingresado al sistema. Tampoco se puede atribuir a problemas de logística, ya que los alimentos no llegan a diario a la ex Brigada o a la seccional 5ª, que están a pocas cuadras del lugar donde se elaboran las viandas.

En marzo del año pasado, a través de un decreto que lleva la firma del secretario de Seguridad Luis Ibáñez, el ex ministro Claudio Maley y al actual jefe de Gabinete Juan Manzur, el Poder Ejecutivo autorizó a la Dirección de Instituto Penales a contratar de manera directa al Departamento de Producción del sistema carcelario la elaboración de 73.000 raciones, lo que hace un promedio de unas 2.433 por día. En nuestra provincia, deberían alimentarse unos 2.400 condenados.

En abril pasado se actualizaron, también por decreto, los valores de cada una de las viandas. El costo promedio (hablan de raciones especiales y comunes, pero no se explica cuál es la diferencia) es de $ 292,5. En otras palabras, el Estado invierte $ 21,3 millones mensuales (si se tiene en cuenta el último precio serían más de $ 255 millones anuales) y $ 672.750 diarios por comida que no se entrega diariamente en su totalidad y la que llega, no es consumida por los reos.

En un recorrido realizado por LA GACETA se estableció cuál es el costo de la vianda que reciben de manera irregular los condenados que están alojados en las comisarías. El valor promedio de un sandwich de jamón y queso (mayor calidad de lo que se entregan) es de $ 180 y dos tortillas $ 60, lo que hace un total de $ 240, $ 52 menos de las que genera el Departamento de Producción. Claro está que por cantidad el valor sería mucho menor.

En principio, alimentar a los penados alojados en las comisarías tendría un costo de $ 137.182 (mensuales llegaría a ser en promedio de más de $4 millones), pero no se puede determinar con exactitud porque no se sabe a ciencia cierta cuántas viandas entregan por día.

El director de Institutos Penales, comisario (r) Luis Pereyra, que tiene el control de esta cuestión y cuya gestión está cada vez más cuestionada, no atendió los llamados ni los mensajes de LA GACETA para que diera a conocer su versión de este problema. Sí lo hizo el ministro de Seguridad Eugenio Agüero Gamboa (se informa por separado) quien adelantó que ya estaba se estaba encargando del tema y que serían inflexibles a la hora de detectar una irregularidad.

Mientras tanto, en la puerta de las comisarías los familiares de los detenidos continúan quejándose. “Sabemos que la sociedad quiere ver sufriendo a nuestros seres queridos porque cometieron un delito. Pero tienen sus derechos y nadie los respeta. Defender a un reo no ayuda a los políticos y por eso todos miran a otro lado, ni siquiera les interesa las cosas malas que hacen con ellos”, apuntó Luciana Martínez.

Otras denuncias que se analizan

- Investigan irregularidades en el listado de cupos de alojados en el penal de Villa Urquiza. Sospechan que no se darían de baja en el sistema las personas que son liberadas para luego “vender” esos lugares.

- Averiguan la veracidad de lo que se conoce como el “Hotel” y que funcionaría en la Unidad 9. Allí, los reclusos pagarían sobornos para estar cómodos. Uno de ellos sería Miguel “La Gatita” Lizárraga, líder de una supuesta banda que está acusada de cometer robos por más de $100 millones. Su defensor, Manuel Pedernera, desmintió la versión.

- El director de Institutos Penales, Luis Pereyra, mantiene una tensa relación con los tres jueces de Ejecución de la provincia. Gonzalo Ortega le habría aplicado al funcionario una multa de $30.000 por no cumplir con una orden. Las otras magistradas, Alicia Merched y Ana María Íacono, lo habrían intimado con aplicarle sanciones si no se ajustaba a sus pedidos.

- El fiscal federal Pablo Camuña ya solicitó que varios miembros del Servicio Penitenciario sean enjuiciados en una causa de drogas. Funcionarios judiciales habrían evitado que uno de ellos sea nombrado como subdirector del penal de Concepción.

- Funcionarios de Seguridad frenaron ascensos del personal penitenciario al haber detectado irregularidades en la confección de la lista de aspirantes.

Postura oficial

“Estamos trabajando para que todo sea más transparente”, dijo Agüero Gamboa

MINISTRO DE SEGURIDAD. Eugenio Agüero Gamboa. Foto de Archivo

“Este tema se está investigando y vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Estamos manejando la misma información y no nos temblará el pulso a la hora de tomar decisiones”, aseguró el ministro de Seguridad Eugenio Agüero Gamboa.

“Desde hace meses que estamos auditando todo lo que se maneja en la órbita de la Dirección de Institutos Penales. Tenemos que esperar los resultados finales, pero sobre la marcha, al detectar algunas irregularidades hemos tomado cartas en el asunto y solucionado los problemas que se presentan”, agregó el funcionario.

Agüero Gamboa explicó que se decidió crear un comité especial integrado por cinco personas para llevar un mayor control sobre lo que se hace en las unidades carcelarias de la provincia. “Vamos a seguir con este proyecto porque queremos que todo sea transparente”, destacó.  

En los últimos días, por la crisis carcelaria y las denuncias de irregularidades, un grupo de abogados anunció su intención de presentar un proyecto para que las cuestiones que tengan que ver con el Servicio Penitenciario de la provincia pasen a la órbita del Ministerio de Gobierno y Justicia. “El área de Seguridad tiene demasiados problemas para prevenir el delito, mientras que el otro ministerio está más vinculado con la Justicia y de ella depende la secretaría de Derechos Humanos”, opinó uno de los autores de la iniciativa, que será debatida por los profesionales antes de ser presentada ante las autoridades.